Por: Notimex
Santiago de Chile, Chile
Por Marcel Garcés.
La privatización de los recursos acuíferos de Chile, que detentan a perpetuidad varias firmas extranjeras, atenta contra el derecho de los chilenos a acceder a un "bien nacional de uso público", dijo la ambientalista Sara Larraín.
En entrevista con Notimex, la prestigiada activista ecológica afirmó que "la concentración de la propiedad del agua en manos privadas es el más grave de los problemas que afecta el derecho de los chilenos a disponer de un bien nacional de uso publico".
La también directora de Chile Sustentable, una de las principales organizaciones ambientalistas del país, advirtió que la población se enfrenta "a poderosos intereses" en su lucha por el derecho al agua, que buscan "aliados en el mundo empresarial y político".
Recordó que el país afronta una serie de conflictos derivados del modelo de propiedad de los recursos hídricos implantado bajo la dictadura militar (1973-1990), que impuso en 1981 el Código de Aguas, sin discusión legislativa ni ciudadana.
Aunque reconoce el agua como un "bien nacional de uso público", dijo Larraín, dicho código también la califica como un "bien económico", con lo que "se convierte en una mercadería más y su gestión y manejo queda sujeto a los criterios del libre mercado".
El articulo 26 de la Constitución de 1980, impuesta por el régimen militar, establece además que "los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos".
Larraín detalló que la mayor parte de los derechos de agua está en manos de la industria exportadora, sin que se contemple ningún pago extra por el valor que el vital elemento otorga a esos productos.
En el caso del uso "no consuntivo" de aguas, es decir, que no se consume en el proceso sino que es devuelta al cauce, el 81 por ciento de la propiedad de los derechos de aguas está en manos de la empresa Endesa, de capitales italianos.
Larraín señaló que al "privatizarse" a perpetuidad el agua, la empresa Endesa, primero en poder de capitales españoles y ahora de italianos, se quedó con la propiedad del 81 por ciento de los recursos hídricos del país sudamericano.
En el caso del agua potable, la ambientalista aseguró que casi todas las firmas sanitarias están en poder de grupos transnacionales, lo que ha provocado que el sistema tarifario del agua sea en Chile el más caro de la región.
"Precisamente este marco legal que permite este cuadro de virtual monopolización del agua es la raíz de la crisis del agua en Chile, un país privilegiado en abundancia de recursos hídricos y con una de las mayores reservas mundiales de agua", acotó.
Los mil 987 glaciares en la Cordillera de los Andes chilena, que ocupan una superficie de 15 mil 79 kilómetros cuadrados (faltando por catastrar cuatro mil 700 kilómetros cuadrados), representan una extensa reserva estratégica de agua dulce para el país.
Larraín explicó que los glaciares "no sólo aportan a las cuencas hídricas en verano, sino que son la única fuente de recarga de ríos y napas subterráneas en las zonas áridas en verano y durante periodos de sequías".
Consideró, por ello, que Chile es un país privilegiado en el acceso al vital elemento, ya que el 70 por ciento de la población consume agua proveniente de las montañas, mientras los glaciares abastecen a los ecosistemas y las actividades productivas del país.
Por ello, Larraín advirtió que es "grave" la indefensión legal en que se encuentran los glaciares, ya que "no existe normativa alguna para defenderlos, lo que posibilita todo tipo de intervenciones sobre ellos, incluida su destrucción mediante faenas mineras".
Citó como ejemplo de esa situación lo que ocurre con el proyecto minero de Pascua Lama, en la zona norte del país, lo que ha provocado la reacción de organizaciones ambientalistas, campesinos y sectores sociales de la región de Atacama.
El desarrollo inicial del proyecto de la minera canadiense Barrick Gold Corporation ha causado la destrucción los Glaciares Toro 1 y Toro II, en la cuenca del río Huasco, afectando un rico valle agrícola y las comunidades de Alto del Carmen, Huasco y Vallenar.
Junto con afectar los nacimientos de las cuencas de los ríos Tránsito y Chillay, amenazando las fuentes de agua que riegan el valle del Huayco, las faenas mineras han invadido territorios de la comunidad aborigen diaguita.
La estatal Corporación del Cobre (Codelco), sin embargo, también ha sido acusada de destruir glaciares, como el de Río Blanco Chico, en la cuenca del Río Aconcagua, en la Quinta Región del país.
Larraín dijo que esto demuestra que "la población en general se enfrenta en su lucha por el derecho humano al agua a poderosos intereses, que buscan aliados en el mundo empresarial y político, tanto como en el mediático y estatal".
Santiago de Chile, Chile
Por Marcel Garcés.
La privatización de los recursos acuíferos de Chile, que detentan a perpetuidad varias firmas extranjeras, atenta contra el derecho de los chilenos a acceder a un "bien nacional de uso público", dijo la ambientalista Sara Larraín.
En entrevista con Notimex, la prestigiada activista ecológica afirmó que "la concentración de la propiedad del agua en manos privadas es el más grave de los problemas que afecta el derecho de los chilenos a disponer de un bien nacional de uso publico".
La también directora de Chile Sustentable, una de las principales organizaciones ambientalistas del país, advirtió que la población se enfrenta "a poderosos intereses" en su lucha por el derecho al agua, que buscan "aliados en el mundo empresarial y político".
Recordó que el país afronta una serie de conflictos derivados del modelo de propiedad de los recursos hídricos implantado bajo la dictadura militar (1973-1990), que impuso en 1981 el Código de Aguas, sin discusión legislativa ni ciudadana.
Aunque reconoce el agua como un "bien nacional de uso público", dijo Larraín, dicho código también la califica como un "bien económico", con lo que "se convierte en una mercadería más y su gestión y manejo queda sujeto a los criterios del libre mercado".
El articulo 26 de la Constitución de 1980, impuesta por el régimen militar, establece además que "los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos".
Larraín detalló que la mayor parte de los derechos de agua está en manos de la industria exportadora, sin que se contemple ningún pago extra por el valor que el vital elemento otorga a esos productos.
En el caso del uso "no consuntivo" de aguas, es decir, que no se consume en el proceso sino que es devuelta al cauce, el 81 por ciento de la propiedad de los derechos de aguas está en manos de la empresa Endesa, de capitales italianos.
Larraín señaló que al "privatizarse" a perpetuidad el agua, la empresa Endesa, primero en poder de capitales españoles y ahora de italianos, se quedó con la propiedad del 81 por ciento de los recursos hídricos del país sudamericano.
En el caso del agua potable, la ambientalista aseguró que casi todas las firmas sanitarias están en poder de grupos transnacionales, lo que ha provocado que el sistema tarifario del agua sea en Chile el más caro de la región.
"Precisamente este marco legal que permite este cuadro de virtual monopolización del agua es la raíz de la crisis del agua en Chile, un país privilegiado en abundancia de recursos hídricos y con una de las mayores reservas mundiales de agua", acotó.
Los mil 987 glaciares en la Cordillera de los Andes chilena, que ocupan una superficie de 15 mil 79 kilómetros cuadrados (faltando por catastrar cuatro mil 700 kilómetros cuadrados), representan una extensa reserva estratégica de agua dulce para el país.
Larraín explicó que los glaciares "no sólo aportan a las cuencas hídricas en verano, sino que son la única fuente de recarga de ríos y napas subterráneas en las zonas áridas en verano y durante periodos de sequías".
Consideró, por ello, que Chile es un país privilegiado en el acceso al vital elemento, ya que el 70 por ciento de la población consume agua proveniente de las montañas, mientras los glaciares abastecen a los ecosistemas y las actividades productivas del país.
Por ello, Larraín advirtió que es "grave" la indefensión legal en que se encuentran los glaciares, ya que "no existe normativa alguna para defenderlos, lo que posibilita todo tipo de intervenciones sobre ellos, incluida su destrucción mediante faenas mineras".
Citó como ejemplo de esa situación lo que ocurre con el proyecto minero de Pascua Lama, en la zona norte del país, lo que ha provocado la reacción de organizaciones ambientalistas, campesinos y sectores sociales de la región de Atacama.
El desarrollo inicial del proyecto de la minera canadiense Barrick Gold Corporation ha causado la destrucción los Glaciares Toro 1 y Toro II, en la cuenca del río Huasco, afectando un rico valle agrícola y las comunidades de Alto del Carmen, Huasco y Vallenar.
Junto con afectar los nacimientos de las cuencas de los ríos Tránsito y Chillay, amenazando las fuentes de agua que riegan el valle del Huayco, las faenas mineras han invadido territorios de la comunidad aborigen diaguita.
La estatal Corporación del Cobre (Codelco), sin embargo, también ha sido acusada de destruir glaciares, como el de Río Blanco Chico, en la cuenca del Río Aconcagua, en la Quinta Región del país.
Larraín dijo que esto demuestra que "la población en general se enfrenta en su lucha por el derecho humano al agua a poderosos intereses, que buscan aliados en el mundo empresarial y político, tanto como en el mediático y estatal".
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