JUCHITÁN DE ZARAGOZA.- Diez trabajadores supuestamente despedidos de manera injusta por la empresa Cirsa, dedicada a la venta de electrodomésticos en abonos en toda la región, tomaron las instalaciones de la compañía para exigir el pago de las indemnizaciones conforme a la ley.
ROSELIA CHA'CA
CORRESPONSAL
Los afectados son respaldados por la agrupación perredista denominada Coordinadora Democrática de Pueblos (CDP) que controla el ex presidente municipal de Juchitán, Roberto López Rosado, y desde hace 48 horas mantienen cerrada la bodega y oficinas de Cirsa, ubicada en el fraccionamiento La Riviera, a un costado de la carretera que conduce a El Espinal.
Juana Regalado, Iván Santiago, Bany Maldonado, Rosa Isela Estevan, Cándido Torres López, María del Carmen Zárate, Martina García González, Blanca Estela Guillén Aragón, Mireya Vásquez de León y Yolanda de la Cruz Luis, son los empleados despedidos y que se encuentran en un plantón a las afueras de la empresa.
Los empleados argumentan que fueron despedidos debido a que se opusieron a las presiones del gerente general Mario González Osorio, que los obligaba a vender y ofertar a los ciudadanos los únicos electrodomésticos que la empresa tenía en bodega, además de que los insultaba por la baja productividad.
"Desde el viernes nos corrieron porque supuestamente no vendíamos, pero qué querían que vendiéramos si la empresa no tenía mercancía en la bodega, pero nos obligaba el gerente a vender los electrodomésticos obsoletos o quedados. Además, al no tener mercancía no había ventas y no ganábamos el 3% de las comisiones por producto vendido, y el sueldo base de 500 pesos era muy poco", explicó Yolanda de la Cruz Luis.
Además, denunciaron que la empresa no les quería pagar aguinaldos y no otorgaba vacaciones; asimismo, dieron a conocer que la empresa a cada rato cambiaba su razón social "al principio en el Seguro estábamos dados de alta en Cirsa, luego nos dieron de alta en Provaza, luego en Cansemex, luego en Hogarmax y por último en la empresa Alaiza, eso es ilegal", señalaron las empleadas despedidas.
Ante esa situación, los diez empleados despedidos decidieron accionar contra la empresa con el apoyo del grupo coceísta; al cierre de esta nota mantenían entablada una mesa de negociación para la liquidación conforme a la ley, de los afectados.
ROSELIA CHA'CA
CORRESPONSAL
Los afectados son respaldados por la agrupación perredista denominada Coordinadora Democrática de Pueblos (CDP) que controla el ex presidente municipal de Juchitán, Roberto López Rosado, y desde hace 48 horas mantienen cerrada la bodega y oficinas de Cirsa, ubicada en el fraccionamiento La Riviera, a un costado de la carretera que conduce a El Espinal.
Juana Regalado, Iván Santiago, Bany Maldonado, Rosa Isela Estevan, Cándido Torres López, María del Carmen Zárate, Martina García González, Blanca Estela Guillén Aragón, Mireya Vásquez de León y Yolanda de la Cruz Luis, son los empleados despedidos y que se encuentran en un plantón a las afueras de la empresa.
Los empleados argumentan que fueron despedidos debido a que se opusieron a las presiones del gerente general Mario González Osorio, que los obligaba a vender y ofertar a los ciudadanos los únicos electrodomésticos que la empresa tenía en bodega, además de que los insultaba por la baja productividad.
"Desde el viernes nos corrieron porque supuestamente no vendíamos, pero qué querían que vendiéramos si la empresa no tenía mercancía en la bodega, pero nos obligaba el gerente a vender los electrodomésticos obsoletos o quedados. Además, al no tener mercancía no había ventas y no ganábamos el 3% de las comisiones por producto vendido, y el sueldo base de 500 pesos era muy poco", explicó Yolanda de la Cruz Luis.
Además, denunciaron que la empresa no les quería pagar aguinaldos y no otorgaba vacaciones; asimismo, dieron a conocer que la empresa a cada rato cambiaba su razón social "al principio en el Seguro estábamos dados de alta en Cirsa, luego nos dieron de alta en Provaza, luego en Cansemex, luego en Hogarmax y por último en la empresa Alaiza, eso es ilegal", señalaron las empleadas despedidas.
Ante esa situación, los diez empleados despedidos decidieron accionar contra la empresa con el apoyo del grupo coceísta; al cierre de esta nota mantenían entablada una mesa de negociación para la liquidación conforme a la ley, de los afectados.
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