La información en cada una las instituciones a las que acudió Eduardo era contraria a la emitida por la coalición que presuntamente gestiona el pago de los rendimientos desde 1997, lo cual agudizaba la incertidumbre.
De acuerdo a esta organización, el abogado Gilberto Morales Sevilla ganó una demanda en contra de La República. El propio abogado informó a los trabajadores el número de folio de la demanda interpuesta en 2006 ante la extinta Fiscalía Especial para Delitos Fiscales y Financieros: 27414/98.
Fue en ese año cuando los integrantes de la primera mesa directiva de la coalición, entre ellos Francisco Mata, Dionisio Rangel y el propio Morales Sevilla –quienes dejaron de representar a la organización el 21 de noviembre de 2008–, comenzaron a cobrar 800 pesos a cada uno de los más de 90 mil afiliados.
El recibo foliado que entregaron a Eduardo a cambio del "donativo" lo haría acreedor al cálculo de la cantidad que le corresponde, la inclusión de su nombre en el padrón de "beneficiados" y una credencial con código de barras, indispensable para reclamar el reembolso.
En total, cobrarían más de 64 millones de pesos cuyo destino no se conoce, pues el dinero no fue entregado a los nuevos directivos de la coalición.
En el caso de Eduardo, se estimó que podría cobrar más de 150 mil pesos una vez que se encontrara el fideicomiso; no obstante, entre algunos de sus ex compañeros los cálculos sobrepasaron los 190 mil pesos. Aunque las cantidades varían de acuerdo a las percepciones y antigüedad de cada trabajador, en ningún caso fueron inferiores a 100 mil pesos.
El padrón completo fue enviado el 7 de noviembre del 2007 a la Presidencia de la República por el diputado del PAN Antonio Vasconcelos Rueda, junto con una solicitud de audiencia dirigida al presidente Felipe Calderón, que hasta el momento no ha tenido respuesta.
Así, mientras las autoridades federales afirmaban no contar con información sobre la existencia del fideicomiso, la coalición se presentaba ante sus agremiados con documentos firmados por funcionarios públicos, con sellos de las dependencias federales y folios que hacían públicos sin vacilación para facilitar su rastreo.
Entre otros documentos, de los cuales Eduardo tiene copia, la organización presentó una misiva de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fecha del 18 de diciembre de 2000 –número de folio 098230/30–; en ella se indica que existe un fideicomiso cuyo representante es el sindicato petrolero, y el Grupo Interacciones la institución bancaria en donde se encuentra depositado.
El 29 de mayo de 2006, la coalición circuló una carta con el sello de la LX Legislatura, firmada por el licenciado Daniel López Quiñónez, en la cual se afirma que en el fideicomiso 56342/FID/III/06, de Bancomer, hay 848 millones 427 mil 198 pesos que se entregarán a los trabajadores de Pemex.
Esos recursos, señalaría después Víctor Manuel Lozano, actual secretario de la coalición, equivalen a una primera entrega, pues la cantidad real, estimada a partir de las aportaciones de los trabajadores y los intereses que éstas pudieron generar, es superior a los 10 mil millones de pesos.
Este documento provocó la desconfianza de los trabajadores en las gestiones de la coalición, pues el 18 de julio de 2006, el Comité Técnico de Atención Ciudadana de la Cámara de Diputados puso en duda la veracidad de la carta al informar que había una investigación relacionada con el uso de papel membretado, por lo que se deslindaba del mal uso que se le pudiera dar.
"Los trabajadores confiábamos en las gestiones que estaba realizando la coalición, porque los documentos ahí estaban, circulaban entre nosotros con los sellos de las secretarías, las firmas, las fechas, los números de folio, todo eso nos lo informaban", señala Eduardo.
Y agrega: "Luego del desmentido de la Cámara de Diputados, muchos nos desilusionamos de quienes se decían nuestros representantes, comenzamos a sospechar sobre la posibilidad de un fraude, de hecho, por eso comencé a pedir información directamente a las secretarías".
De acuerdo a esta organización, el abogado Gilberto Morales Sevilla ganó una demanda en contra de La República. El propio abogado informó a los trabajadores el número de folio de la demanda interpuesta en 2006 ante la extinta Fiscalía Especial para Delitos Fiscales y Financieros: 27414/98.
Fue en ese año cuando los integrantes de la primera mesa directiva de la coalición, entre ellos Francisco Mata, Dionisio Rangel y el propio Morales Sevilla –quienes dejaron de representar a la organización el 21 de noviembre de 2008–, comenzaron a cobrar 800 pesos a cada uno de los más de 90 mil afiliados.
El recibo foliado que entregaron a Eduardo a cambio del "donativo" lo haría acreedor al cálculo de la cantidad que le corresponde, la inclusión de su nombre en el padrón de "beneficiados" y una credencial con código de barras, indispensable para reclamar el reembolso.
En total, cobrarían más de 64 millones de pesos cuyo destino no se conoce, pues el dinero no fue entregado a los nuevos directivos de la coalición.
En el caso de Eduardo, se estimó que podría cobrar más de 150 mil pesos una vez que se encontrara el fideicomiso; no obstante, entre algunos de sus ex compañeros los cálculos sobrepasaron los 190 mil pesos. Aunque las cantidades varían de acuerdo a las percepciones y antigüedad de cada trabajador, en ningún caso fueron inferiores a 100 mil pesos.
El padrón completo fue enviado el 7 de noviembre del 2007 a la Presidencia de la República por el diputado del PAN Antonio Vasconcelos Rueda, junto con una solicitud de audiencia dirigida al presidente Felipe Calderón, que hasta el momento no ha tenido respuesta.
Así, mientras las autoridades federales afirmaban no contar con información sobre la existencia del fideicomiso, la coalición se presentaba ante sus agremiados con documentos firmados por funcionarios públicos, con sellos de las dependencias federales y folios que hacían públicos sin vacilación para facilitar su rastreo.
Entre otros documentos, de los cuales Eduardo tiene copia, la organización presentó una misiva de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fecha del 18 de diciembre de 2000 –número de folio 098230/30–; en ella se indica que existe un fideicomiso cuyo representante es el sindicato petrolero, y el Grupo Interacciones la institución bancaria en donde se encuentra depositado.
El 29 de mayo de 2006, la coalición circuló una carta con el sello de la LX Legislatura, firmada por el licenciado Daniel López Quiñónez, en la cual se afirma que en el fideicomiso 56342/FID/III/06, de Bancomer, hay 848 millones 427 mil 198 pesos que se entregarán a los trabajadores de Pemex.
Esos recursos, señalaría después Víctor Manuel Lozano, actual secretario de la coalición, equivalen a una primera entrega, pues la cantidad real, estimada a partir de las aportaciones de los trabajadores y los intereses que éstas pudieron generar, es superior a los 10 mil millones de pesos.
Este documento provocó la desconfianza de los trabajadores en las gestiones de la coalición, pues el 18 de julio de 2006, el Comité Técnico de Atención Ciudadana de la Cámara de Diputados puso en duda la veracidad de la carta al informar que había una investigación relacionada con el uso de papel membretado, por lo que se deslindaba del mal uso que se le pudiera dar.
"Los trabajadores confiábamos en las gestiones que estaba realizando la coalición, porque los documentos ahí estaban, circulaban entre nosotros con los sellos de las secretarías, las firmas, las fechas, los números de folio, todo eso nos lo informaban", señala Eduardo.
Y agrega: "Luego del desmentido de la Cámara de Diputados, muchos nos desilusionamos de quienes se decían nuestros representantes, comenzamos a sospechar sobre la posibilidad de un fraude, de hecho, por eso comencé a pedir información directamente a las secretarías".
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