Por: Víctor Fuentes/AGENCIA REFORMA
México, D.F.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se encamina a declarar que las autoridades incurrieron en grave violación de garantías durante los disturbios de San Salvador Atenco, en mayo de 2006.
Cinco Ministros ya sostuvieron, en distintos tonos, que sí hubo violación grave de garantías: José de Jesús Gudiño, Sergio Valls, Genaro Góngora, José Ramón Cossío y Margarita Luna.
No obstante, luego del primer día de intervenciones de los Ministros, marcado por la confusión sobre cómo abordar el caso, cuatro de ellos se han pronunciado por deslindar claramente qué autoridades estuvieron involucradas y cuáles no.
Este grupo rechazó en principio la lista general de más de 2 mil 700 "participantes" ofrecida por el Ministro José de Jesús Gudiño, que incluye al Gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y al actual titular de la PGR, Eduardo Medina Mora.
"No hay cuando menos el indicio de que alguna de las autoridades superiores, llámese Gobernador del Estado, Procurador General de la República, director de la PFP, llámese director de Seguridad Pública, que haya dado la orden específica para decir 'sí, hagan un operativo con exceso de fuerza y violencia'", dijo Luna.
Cossío, Salvador Aguirre y Mariano Azuela también rechazaron que se pueda meter en un solo paquete a todas las autoridades.
"No todos los participantes son sujetos involucrados en las acciones específicas que produjeron violaciones a derechos fundamentales", afirmó Cossío, quien dedicó buena parte de su intervención a deslindar a la PFP de casi todos los hechos, para atribuirlos a la Policía estatal mexiquense.
Sergio Valls atacó duramente al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra por su actitud violenta y las agresiones a los policías el 3 de mayo y elogió las órdenes superiores para el operativo, pues no se autorizó el uso de armas.
"Es evidente que el uso de la fuerza no sólo era necesario sino obligado, no había posibilidad alguna de diálogo, era la única alternativa que quedaba para preservar el Estado de Derecho", dijo Valls.
Pero también afirmó que los mandos medios y policías sí violaron garantías al ejecutar sus órdenes.
El debate fue desordenado y casi no hubo avances sobre cómo se discutirá y cómo se llegará a las votaciones finales.
Cada Ministro abordó diversos aspectos del caso y llegó un momento, minutos antes del final de la sesión vespertina, en que el Ministro Presidente Guillermo Ortiz se declaró confundido por las propuestas metodológicas para abordar el asunto.
El análisis del homicidio de Javier Cortés Santiago, de 14 años, agregó otro obstáculo. El proyecto señala que no es posible determinar que un policía fue el que disparó, pero algunos ministros consideran que sí se puede atribuir a las autoridades.
amc
México, D.F.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se encamina a declarar que las autoridades incurrieron en grave violación de garantías durante los disturbios de San Salvador Atenco, en mayo de 2006.
Cinco Ministros ya sostuvieron, en distintos tonos, que sí hubo violación grave de garantías: José de Jesús Gudiño, Sergio Valls, Genaro Góngora, José Ramón Cossío y Margarita Luna.
No obstante, luego del primer día de intervenciones de los Ministros, marcado por la confusión sobre cómo abordar el caso, cuatro de ellos se han pronunciado por deslindar claramente qué autoridades estuvieron involucradas y cuáles no.
Este grupo rechazó en principio la lista general de más de 2 mil 700 "participantes" ofrecida por el Ministro José de Jesús Gudiño, que incluye al Gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y al actual titular de la PGR, Eduardo Medina Mora.
"No hay cuando menos el indicio de que alguna de las autoridades superiores, llámese Gobernador del Estado, Procurador General de la República, director de la PFP, llámese director de Seguridad Pública, que haya dado la orden específica para decir 'sí, hagan un operativo con exceso de fuerza y violencia'", dijo Luna.
Cossío, Salvador Aguirre y Mariano Azuela también rechazaron que se pueda meter en un solo paquete a todas las autoridades.
"No todos los participantes son sujetos involucrados en las acciones específicas que produjeron violaciones a derechos fundamentales", afirmó Cossío, quien dedicó buena parte de su intervención a deslindar a la PFP de casi todos los hechos, para atribuirlos a la Policía estatal mexiquense.
Sergio Valls atacó duramente al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra por su actitud violenta y las agresiones a los policías el 3 de mayo y elogió las órdenes superiores para el operativo, pues no se autorizó el uso de armas.
"Es evidente que el uso de la fuerza no sólo era necesario sino obligado, no había posibilidad alguna de diálogo, era la única alternativa que quedaba para preservar el Estado de Derecho", dijo Valls.
Pero también afirmó que los mandos medios y policías sí violaron garantías al ejecutar sus órdenes.
El debate fue desordenado y casi no hubo avances sobre cómo se discutirá y cómo se llegará a las votaciones finales.
Cada Ministro abordó diversos aspectos del caso y llegó un momento, minutos antes del final de la sesión vespertina, en que el Ministro Presidente Guillermo Ortiz se declaró confundido por las propuestas metodológicas para abordar el asunto.
El análisis del homicidio de Javier Cortés Santiago, de 14 años, agregó otro obstáculo. El proyecto señala que no es posible determinar que un policía fue el que disparó, pero algunos ministros consideran que sí se puede atribuir a las autoridades.
amc
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